¿»Incerteza jurídica»?: Expertos abordan postura del Gobierno y el sector privado ante la reforma al Código de Aguas

Frente a la «alerta» presentada por seis gremios empresariales y que fue respaldada por el Ejecutivo, diversos especialistas en la materia abordaron el punto en cuestión.

SANTIAGO.- Una llamada de «alerta» fue la que publicaron el día de ayer seis gremios empresariales con uno de los puntos que se plantea en la modificación del Código de Aguas presentado por el Gobierno anterior y que hoy se discute en el Senado.

Y es que a través de un inserto publicado en El Mercurio, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC); la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC); la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Asociación de Bancos, reclamaron que estas modificaciones vulnerarían «uno de los pilares del desarrollo económico y social de todo el país: el derecho de la propiedad. Derecho que, además, es fundamental para resguardar la certeza jurídica».

La acusación deslizada por estos gremios encontró apoyo al interior del Gobierno, pues el ministro de Agricultura, Antonio Walker, en conversación con Emol TV señaló que «creemos que no se puede precarizar la certeza jurídica en el derecho de propiedad sobre ese derecho de aprovechamiento».

Así, se refirió a una serie de cambios en los que el Ejecutivo no está de acuerdo, como por ejemplo: «‘Derechos permanentes’ pasan a ser ‘concesiones'», «‘dueños de un derecho de aprovechamiento’ pasan a ser ‘titulares de un derecho de aprovechamiento'» y «se agregan condiciones de caducidad para un derecho que ya está adquirido».

La tramitación de las modificaciones al Código de Aguas no ha sido precisamente rápida, esto porque la discusión comenzó en el año 2011, después de ser ingresada durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, en 2014, por medio de una modificación sustantiva, la Presidenta Bachelet presentó una serie de indicaciones al proyecto original, y recién en noviembre del 2016 fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y despachadas al Senado.

Una vez en la Cámara Alta se creó una Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado que votó y aprobó el proyecto, por lo que hoy se encuentra siendo discutido en la Comisión de Agricultura de dicha entidad.

Cabe destacar que en enero de 2019, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó una serie de indicaciones sustitutivas, las que no han encontrado aprobación en la instancia, en la cual hay tres senadores de oposición y dos del oficialismo.

Fuente: Emol.com