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FUENTE : REVISTA MUNDOAGRO
“Este es un acuerdo unánime del Senado de la República y lo que hace es que focaliza en eficiencia, considerando el cambio climático, en aquellos sectores que tiene más brechas. Además, es falso que se excluya a los grandes”, sostuvo el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, al momento de clarificar los alcances que tienen las modificaciones a la Ley de Fomento al Riego y que fueron criticadas por algunos sectores”.
Tal como explicó Valenzuela, “la mitad del presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, que son $116.000 millones, va a los proyectos de conducción de los canalistas, organizaciones de usuarios donde hay pequeños, medianos y grandes; no se excluyen a las empresas que venden hasta 50.000 UF al año, son empresas importantes que también pueden postular”.
Esto fue complementado por el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Wilson Ureta, quien apuntó a que “las condiciones que se fijaron en el Senado, permiten que más del 99% de los agricultores puedan postular con proyectos individuales intraprediales, principalmente tecnificación. Del grupo de empresas que no podrán acceder a bonificaciones en proyectos de tecnificación, aproximadamente 800, un 0,2% del total de agricultores a nivel país, corresponden a empresas medianas que poseen ingresos por ventas de entre 1.800 y 3.600 millones de pesos anuales, es decir, entre 150 y 300 millones de pesos mensuales”.
Y es que tal como se ha planteado en innumerables ocasiones “este segmento de empresas es, sin duda, uno de los más desarrollados en cuanto a tecnificación de sus sistemas de riego y ha recibido, históricamente, apoyos significativos de la Comisión Nacional de Riego. Además, es de los pocos que, junto con el de las empresas catalogadas como grandes, con ingresos mensuales que parten en los 300 millones y superan, en algunos casos, los 3000 millones de pesos, posee los medios para financiar con recursos propios las inversiones en sistemas de riego tecnificado”, planteó Ureta.
En resumen, puntualizó, los cambios a la ley de riego tienen como objetivo focalizar de mejor manera los recursos públicos, “en los grupos que más ayuda necesitan para llevar a cabo sus proyectos y que ante el escenario actual de cambio climático, son los que poseen un mayor déficit en tecnificación y eficiencia hídrica”.
